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01¿Qué es el IEE?

Consta de tres partes que evalúan: en primer lugar el estado de conservación, además las condiciones básicas de accesibilidad universal y por útlimo la eficiencia energética.

Es decir, permite conocer el estado del edificio y sus deficiencias más significativas, y por lo tanto, proponer las obras de rehabilitación que sean necesarias finalmente.

02¿Quién tiene que solicitarlo?

Los propietarios de edificios que vayan a solicitar ayudas públicas. Por ejemplo para la realización de obras de rehabilitación al amparo del Plan de Vivienda 2018-2021 gestionado por el Gobierno de La Rioja. Ya que deberán presentarlo junto con la solicitud.

03¿Quién puede realizar el informe?

El informe debe ser firmado por un técnico facultativo competente para la redacción de proyectos y dirección de obras. También los competentes para la dirección de ejecución de obras de edificación.

Estos técnicos pueden firmar el informe completo o solo las partes del mismo correspondientes al estado de conservación y mantenimiento y accesibilidad. (Sólo la parte correspondiente a la certificación energética del edificio podría estar suscrito por otros técnicos ingenieros. Consultar en www.larioja.org/industria).

04¿Existen subvenciones para la realización del IEE?

, con un máximo de 12.000 por vivienda unifamiliar. Así como en edificios de viviendas, la cuantía máxima de la subvención  será por una la parte 8.000 por cada vivienda y por otra parte 80 por cada m2 de superficie construida de local comercial u otros usos compatibles. En ambos casos, sin embargo, no podrá superar el 40 % de la inversión de la actuación.

No obstante se elevará la cuantía de las ayudas para viviendas declaradas Bien de Interés Cultural. Además las catalogadas o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente. También en aquellas en que los ingresos de la unidad de convivencia sean inferiores a tres veces el IPREM, en todo caso si reside en la vivienda una persona con discapacidad.

Por otro lado podrá incluir los honorarios de los profesionales intervinientes, el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados necesarios. Así como los gastos derivados de la tramitación administrativa. También otros gastos generales similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados. No obstante no se podrán incluir impuestos, tasas o tributos.

 





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